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Lunes 25 de Junio de 2018.
Palabras clave: farmacia

Los pacientes crónicos rechazan que los farmacéuticos controlen su tratamiento

Publicado por el Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca el Lunes 25 de Junio de 2018.

La crisis económica de hace unos ha tenido impacto en los ingresos de las oficinas de farmacia de toda España y como solución a esa pérdida de beneficios ha surgido una figura no regulada que se autodenomina “farmacia comunitaria” y que pretende prestar asistencia sanitaria y hacer seguimiento de los pacientes tanto en la farmacia -un negocio privado con ánimo de lucro-  como a domicilio. Un servicio por el que unos comercios que venden medicamentos facturarían a la Administración Pública en lo que los representantes de las enfermeras españolas -tanto del Consejo General de Enfermería (CGE) como del Sindicato SATSE- considera una “privatización encubierta de la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de Salud, una clara estafa a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales que ya realizan médicos y enfermeros en Atención Primaria. Además, los farmacéuticos no tienen respaldo legal ni competencias propias y les mueve un claro interés de lucro empresarial”, han denunciado hoy en rueda de prensa los presidentes del CGE, Florentino Pérez Raya, y del Sindicato de Enfermería SATSE, Manuel Cascos.

Ambos han presentado además una encuesta que refleja que “más del 90% de los pacientes crónicos quieren que únicamente sean médicos o enfermeros los profesionales que realicen su seguimiento terapéutico. Apenas un 1 por ciento de los pacientes encuestados acepta que los farmacéuticos vayan a sus casas a revisar los botiquines y controlar sus tratamientos.

Florentino Pérez Raya ha asegurado que “se trata de un intento de privatizar el SNS y nos da mucha pena que determinadas CC.AA. estén aceptando esta situación y algunas incluso ya abonando a estos comercios privados por servicios farmacéuticos en los domicilios de los pacientes”.

Por su parte Manuel Cascos, presidente de SATSE, ha manifestado que, de manera reiterada desde hace casi un año, el Consejo General de Farmacéuticos -que no todos los farmacéuticos, que no comparten este proyecto- ha hecho públicas sus estrategias para llevar a cabo labores asistenciales como empresa privada, con pacientes crónicos y pluripatológicos , tanto en las farmacias como a domicilio con la falsa excusa de asegurarse de que siguen el tratamiento prescrito, hacer educación sanitaria y de prevención. Para empezar, estas son competencias que corresponden a médicos y enfermeros en los centros de salud de todo el Estado, llevan haciéndolo muchos años y con gran satisfacción por parte de los usuarios. Pero no podemos consentir que una empresa privada con afán de lucro realice labores asistenciales a los pacientes de la Sanidad pública y que les incite a consumir más medicamentos y otros productos que ellos mismos venden en la farmacia”.

Pérez Raya ha añadido que este planteamiento es ilógico y está al margen de la legislación, que establece que el prescriptor no puede vender los productos que prescribe al paciente. Es una barbaridad”.

Ambos dirigentes han solicitado a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, conocida por luchar contra el modelo de hospitales públicos de gestión privada -así como todos los consejeros autonómicos- que no colaboren en este fraudulento juego para privatizar la Sanidad Pública.

Los pacientes sólo quieren médicos y enfermeras en sus casas

Tal y como pone de manifiesto la investigación, a través de una encuesta elaborada con absoluta independencia por Análisis e Investigación, nueve de cada diez personas mayores de 55 años con una enfermedad crónica y/o los cuidadores de los mismos consideran que el control de su tratamiento sólo debe ser realizado por médicos y enfermeras (90,3%), y no por farmacéuticos. El índice de personas que estaría de acuerdo con que los farmacéuticos de las oficinas de farmacia sean quienes controlen su adherencia al tratamiento no llega ni al nueve por ciento (8,8%). Estos datos constituyen también un reto para los responsables políticos, encargados de dotar de suficiente número de profesionales a los centros de salud para que puedan responder a la demanda de los pacientes.

La encuesta sobre “Las visitas del personal de las farmacias a los domicilios de personas mayores con enfermedades crónicas” ha sido realizada a personas mayores de 55 años en tratamiento por una enfermedad crónica y personas que los cuidan y apoyan en su enfermedad. El estudio también sondea a los pacientes respecto a la pretensión de las oficinas de farmacia de que sus propietarios o  sus empleados vayan a las casas de los mayores y enfermos crónicos para que comprueben sus botiquines y el correcto seguimiento de sus respectivos tratamientos. Los pacientes son tajantes al respecto: un 90,3% contesta que dicho control domiciliario sólo deben realizarlo médicos y enfermeros, que son los profesionales competentes, ya que basan sus decisiones únicamente en la salud de los pacientes, sin criterio economicista alguno, con absoluta libertad e independencia terapéutica.

Sólo el 2% de los pacientes crónicos y sus cuidadores entendería que la sanidad pública pagase a las oficinas de farmacia por el control de los medicamentos a domicilio, mientras que el 82% cree que lo que debería hacerse en caso de precisarse dicho control es contratar a más enfermeras. Asimismo, el estudio muestra que el grado de satisfacción de las personas con su profesional de enfermería en Atención Primaria ronda el nueve (8,86) sobre 10.

Privatización encubierta y estafa al SNS y los ciudadanos

Desde la Mesa de la Profesión Enfermera se recalca que la mal llamada ‘farmacia comunitaria’ es una privatización encubierta que supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales que ya realizan médicos y enfermeros en Atención Primaria. “Los farmacéuticos no tienen respaldo legal ni competencias propias y les mueve un claro interés de lucro empresarial”, añaden.

La identificación con el sistema público de salud y la oposición a cualquier intento de privatización del mismo es mayoritaria en la sociedad española. Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera reclama a los Gobiernos estatal y autonómicos que sean consecuentes con ello y no propicien acuerdos que dejen en manos de establecimientos comerciales, las oficinas de farmacia, unos servicios que ya prestan enfermeras y médicos en Atención Primaria y que, por tanto, no suponen ningún coste añadido al Sistema Sanitario y, mucho menos, un desembolso directo por parte del ciudadano.

Actuaciones como el seguimiento de los pacientes crónicos o polimedicados, la revisión de botiquines familiares y visitas a domicilio o la administración de inyectables como vacunas, antibióticos, insulinas o heparinas, son competencia de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras y médicos), según establece la normativa al respecto, señalan desde la Mesa. Por ello, no dudarán en acudir a los tribunales si se pretende dotar a los farmacéuticos de competencias que tienen prohibidas por ley.

CGE


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