El Gobierno del PP traiciona y humilla a la enfermería con el decreto de prescripción
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, han anunciado hoy la aprobación de un Real Decreto para regular la prescripción enfermera –técnicamente RD de uso, indicación y autorización de medicamentos- que supone una clara traición hacia los profesionales sanitarios a los que iba dirigido el desarrollo de la normativa. La Mesa de la Profesión Enfermera, que integra al Consejo General de Enfermería y Sindicato SATSE, considera que el Ejecutivo del Partido Popular ha adulterado ilícitamente el texto con modificaciones de última hora realizadas con “nocturnidad y alevosía” que dejan sin cobertura a 274.000 enfermeros en decisiones que toman a diario relacionadas con medicamentos. Los profesionales enfermeros que trabajan en España “han sido traicionados, engañados y humillados por el Gobierno del Partido Popular con estrategias antidemocráticas que demuestran el talante de un partido enclavado en posturas trasnochadas propias de otros tiempos”, asegura la Mesa de la Profesión.
Alonso ha anunciado que la enfermería podrá emitir una orden de dispensación en medicamentos no sujetos a prescripción y tras la acreditación pertinente. Sin embargo, en el caso de los fármacos sujetos a prescripción médica la regulación que establece el Real Decreto deja fuera de la ley actuaciones que, de facto, son realizadas por los enfermeros cada día en centros y hospitales al usar o indicar medicamentos. En estos fármacos, el Gobierno, a última hora, ha optado porque se exija una prescripción previa por parte del médico. Es decir, que cuando la matrona administre oxitocina a la embarazada, cuando se ponga una vacuna, inyecte heparina en una vía, se indique un cambio en la dosis de anticoagulantes como el sintron o se aplique una venda con antibiótico para una herida –actuaciones todas ellas en manos de la enfermería y que garantizan el funcionamiento normal de la Sanidad- será necesario que el médico “haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción o la guía clínica a seguir”. Por ello, como ocurría hasta ahora y este RD no viene a solucionar, esos enfermeros estarán desprotegidos desde el punto de vista jurídico en su labor asistencial.
El Ejecutivo cede al chantaje de los médicos
La Mesa de la Enfermería observa que “el Gobierno se ha dejado chantajear por los médicos introduciendo modificaciones al artículo 3 del Real Decreto de Prescripción. Modificaciones realizadas al dictado de organizaciones médicas ultraconservadoras que chantajearon al Gobierno con concentraciones minoritarias a las que asistieron poco más de 150 personas de los 200.000 médicos que trabajan en España”.
Si para vacunar a la población frente a la gripe, inmunización que habitualmente prescribe y administra el enfermero, “hace falta una prescripción médica oficial: con carácter individual, nominativa para cada paciente y donde se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de atención“, el sistema está abocado al colapso.
Pero, además, pese a que el ministro Alonso se felicita por haber cumplido el Pacto suscrito entre el Gobierno y la profesión enfermera en 2013, la realidad jurídica es muy distinta. Según denuncian los representantes de la enfermería, ”el Gobierno ha legislado en contra de la soberanía popular, el nuevo Real Decreto es contrario a la Ley del Medicamento que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de la Nación. Los cambios introducidos por el Ministerio en el texto del Real Decreto van también en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo ya que debería haberse reiniciado la tramitación mediante el correspondiente proceso administrativo previo y siendo necesaria su revalidación por el Consejo de Estado. El nuevo redactado del Real Decreto supone una involución para la enfermería: ha retrotraído a la profesión a la situación que tenía hace diez años, antes de la aprobación de la Ley del Medicamento”.
Por ello, además de la reunión de sus Comisiones Ejecutivas previstas para el lunes para establecer un calendario de movilizaciones, la Mesa va a emprender acciones legales de calado. La primera será solicitar ante los Tribunales la inmediata la suspensión cautelar del artículo 3 del Real Decreto. Además, “se está estudiando el ejercicio de todas las acciones legales incluidas las penales, que la legislación vigente permita”.
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